La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados acordó en su sesión del pasado jueves prorrogar nuevamente por DOS AÑOS la entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020.
La prórroga es fruto del acuerdo al que han llegado PSOE, PP, Ciudadanos, PNV y PdeCat, con la abstención del Grupo Confederal de Unidos Ponemos, En Comú Podem y En Marea.
Esta nueva prórroga se introducirá como enmienda adicional a la proposición de Ley para delimitar normativamente la situación de vivienda desocupada, conocida como "la ley de los ocupas".
Aún desconocemos el contenido concreto de la enmienda, pero nos tememos que se limitará a la prórroga de la vacatio, sin ninguna medida transitoria que garantice lo que desde STAJ venimos pidiendo insistentemente: que el Registro Civil se mantenga en la Administración de Justicia, servido entera y exclusivamente por funcionarios de Justicia, con la misma estructura y demarcación actuales, incluidos los Juzgados de Paz.
Desde STAJ hemos mantenido contactos con el Ministerio de Justicia y con los diferentes Grupos políticos para desbloquear la situación, instando la búsqueda de consensos. Por ello, celebramos esta nueva prórroga, aunque seguimos exigiendo que la tramitación de la reforma de la Ley siga en curso, pues en otro caso no se estará sino continuando la situación de incertidumbre de los más de 5.000 funcionarios de Justicia destinados en Juzgados con competencias de Registro Civil.
Por otro lado, no alegra que por fin haya colectivos que se hayan dado cuenta de la situación y ahora alcen su voz contra la ley de 2011. Nunca es tarde, aunque nosotros lo hemos venido advirtiendo desde que se tramitaba aquella ley, pues, como venimos diciendo desde entonces, con la Ley 20/2011, desparece el Registro Civil tal como lo conocemos creándose unas cuantas pocas oficinas de Registro Civil al antojo de cada Comunidad Autónoma, quedando fuera de la Administración de Justicia, perdiendo sus destinos los funcionarios que ahora ocupan puestos de Registro Civil, reordenándose a otros puestos (los funcionarios de carrera) o directamente cesados (los funcionarios interinos), y poniendo en serio riesgo la continuidad de los Juzgados de Paz al desaparecer una de sus principales funciones. En resumen, el desmantelamiento total de las actuales oficinas de Registro Civil.
STAJ ha luchado en todo momento para que nada de eso suceda y seguimos defendiendo el mantenimiento del Registro Civil como servicio público y gratuito, dentro de la Administración de Justicia, servido exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con la misma estructura y demarcación territorial actual, manteniendo las actuales oficinas, incluidas las de los Juzgados de Paz.
Seguimos luchando por el mantenimiento del Registro Civil como servicio público. El hecho de esta prórroga no significa que la pelea por el Registro Civil haya terminado.
